La nueva Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda, que entrará en vigor el 26 de mayo de 2023, ha sido publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de las críticas, esta ley introduce importantes regulaciones en materia de desahucios, gravamen a viviendas vacías, tope en la actualización de rentas e incentivos fiscales para propietarios. Además, crea un nuevo índice de referencia que reemplazará al IPC. Uno de los aspectos más controvertidos es la figura del gran tenedor y la transferencia de la creación de zonas tensionadas de alquiler a las Comunidades Autónomas, lo que implicará un control en el mercado de arrendamiento.

Esta legislación se convierte en la primera ley estatal que regula el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución. Establece normas competenciales para que las apliquen las Comunidades Autónomas, que tienen competencia plena en materia de vivienda.

El propósito de la Ley por el Derecho a la Vivienda es dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como establecer las normas pertinentes para hacer efectivo dicho derecho.

Hasta ahora, las políticas de vivienda se han desarrollado principalmente a través de los Planes de Viviendas, que se han centrado en fomentar la propiedad y la producción de un mayor número de viviendas. Sin embargo, la nueva ley busca cambiar esta perspectiva y abordar las necesidades de acceso a la vivienda de manera más equitativa. El actual parque público de viviendas en alquiler resulta insuficiente para atender a las personas y hogares con mayores dificultades económicas para acceder al mercado.

La ley persigue varios objetivos fundamentales:

• Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, tanto para propietarios como para inquilinos, aplicable en todo el territorio nacional.
• Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas con dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado. Se presta especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables, y se busca promover una oferta de viviendas asequibles adaptada a las realidades de los entornos urbanos y rurales.
• Garantizar la funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad de las viviendas, asegurando la dignidad y salud de las personas que las habitan.
• Definir los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, con el objetivo de promover el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio.
• Regular el régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, asegurando su desarrollo, protección y eficiencia para atender a los sectores de la población con mayores dificultades de acceso.
• Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia, adaptándose a las dinámicas y exigencias actuales de los hogares.
• Mejorar la protección en las operaciones de compra y alquiler de vivienda, estableciendo requisitos mínimos de información para garantizar seguridad y garantías en el proceso.

En resumen, la Ley por el Derecho a la Vivienda busca regular y proteger el acceso a una vivienda digna y adecuada, estableciendo derechos y deberes claros para los ciudadanos. También busca promover la oferta de viviendas asequibles, garantizar la funcionalidad y seguridad de las viviendas, y mejorar la protección en las operaciones de compra y alquiler.